El subsidio de desempleo como derecho y como instrumento económico

M. Marco Arnal, Fundación UNED 2012-13

mmarco113@alumno.uned.es

 1.      INTRODUCCIÓN.

Las políticas laborales pasivas de mercado de trabajo son aquellas cuyo objetivo es mantener las rentas de los trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin trabajo a pesar de tener las condiciones para ello (principalmente la edad). Podemos decir que las políticas laborales pasivas de mercado de trabajo están dirigidas a compensar los desequilibrios del mercado de trabajo  y sus efectos sobre la clase trabajadora. Por tanto, las políticas pasivas se centran en frenar los efectos del desempleo y no en las causas de este, como es el caso de las políticas laborales activas, las cuáles tratan de influir en la oferta/demanda de trabajo, incentivar la creación de empleo en la empresa privada o la creación de empleos públicos, promover la formación profesional y la inserción laboral de personas con dificultades.

Se entiende por políticas laborales pasivas todas aquellas que no son activas. Es decir, aquellas que no actúan directamente en el mercado de trabajo.

inem-610x392Existen dos principales clases de políticas pasivas: las prestaciones por desempleo y las compensaciones por prejubilaciones. La primera de ellas es la principal política pasiva tanto por su mayor importancia social como por su mayor gasto público. La diferencia con los salarios sociales reside en que la prestación por desempleo está relacionada con la experiencia laboral y las cotizaciones durante un determinado tiempo antes de la pérdida del empleo. En caso de haber agotado esta prestación o no llegar a cumplir el tiempo necesario para percibirla, existe una prestación asistencial o prórroga. El llamado subsidio por desempleo también se diferencia de los salarios sociales por una mayor relación con el tiempo trabajado. También se puede considerar que los salarios sociales son política pasiva ya que aunque no mantienen la renta del trabajador, sirven de sustento y pueden ayudarle a volver al mercado laboral.

Por su parte, las compensaciones por prejubilaciones sirven para favorecer la entrada de trabajadores jóvenes al mercado de trabajo gracias a la salida de los prejubilados. Por ello, también se considera política activa. La diferencia con la política general de pensiones es mínima radica principalmente en que aquel trabajador prejubilado aún cumple las condiciones idóneas para trabajar. La prestación compensatoria obtiene parte de sus recursos de la política de pensiones.

En 2010 el gasto en políticas de empleo en España era de un 4% del PIB de las cuales un 0’9%  (del PIB) se destinó a políticas activas mientras que el 3’1% a políticas pasivas. Este dato ha cambiado desde el inicio de la crisis económica invirtiéndose el sentido: en 2008 el gasto en políticas activas supuso un 2,7% del PIB mientras que sólo el 0’8 % en pasivas. Aunque existe un aumento de gasto debido al aumento de tasa de paro, el porcentaje del gasto ha aumentado por debajo de la tasa de paro.

 2.      HISTORIA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

a.      General.

Los orígenes de las prestaciones por desempleo se encuentran en las organizaciones de trabajadores. En 1789 un sindicato suizo creó un seguro voluntario de desempleo. En 1832 el sindicato de fundidores ingleses creó un programa de protección por desempleo de carácter nacional.

Las organizaciones estatales empezaron  a hacerse cargo de estas prestaciones a principios del siglo XX, aunque ya habían existido experiencias anteriores en forma de garantías a los fondos por desempleo de las organizaciones obreras. En cuanto a la obligatoriedad de las cotizaciones a los fondos respaldados por los poderes públicos, fue el Gobierno británico quien lo llevo a cabo durante la segunda década del siglo XX. Poco después también se nacionalizaría, gestionándose mediante organismos públicos. Países como Francia o Alemania adoptaron este sistema años después mientras que los países nórdicos mantuvieron la gestión de las organizaciones obreras aunque amparadas por los poderes públicos.

En los inicios de la Unión Soviética ya se estableció una seguridad social y poco después más de 100 decretos en esta materia, aunque debido a los efectos de la I Guerra Mundial y la Guerra Civil no fue hasta principios de la década de 1930 cuando se materializó por ejemplo el plan de pensión por vejez o pensiones estables para quienes no podían trabajar por accidente laboral.

La Constitución soviética de 1936 contempla en el Artículo 120 lo siguiente:

“Artículo 120. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la asistencia económica en la vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de la capacidad de trabajo. Garantizan este derecho el amplio desarrollo de los seguros sociales de los obreros y empleados a cargo del Estado, la asistencia médica gratuita a los trabajadores y la existencia de una extensa red de balnearios puestos a disposición de los trabajadores.”

No se contemplaba la prestación por desempleo porque según las autoridades soviéticas no existía el desempleo al tratarse de una economía socialista. Lo cierto es que se puede afirmar que existía un desempleo, pero no de la forma que lo conocemos actualmente. El 13% de la fuerza laboral participaba en una rotación del trabajo estando como máximo entre 20 y 30 días sin trabajar entre que dejaban un trabajo y empezaban otro. La tasa de desempleo, según los cálculos más alcistas era menor al 3%, lo que se superaba con las políticas activas, que hacían innecesarias las prestaciones por desempleo.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la polarización en dos modelos económicos antagónicos, cobró especial importancia la doctrina Keynesiana y el auge de la socialdemocracia en el mundo capitalista. Se trataba de las concesiones a la clase obrera para contrarrestar la influencia soviética y por tanto para asegurar la supervivencia del sistema.

En los años setenta surgió una corriente ideológica en Gran Bretaña basada en la reactivación del liberalismo económico. Se trataba de acabar con las tres décadas de keynesianismo y políticas socialdemócratas. Durante la crisis de los años setenta, el gobierno de Margaret Thatcher llevó a cabo políticas liberales radicales basadas en los pensamientos político-económicos de Milton Friedman, entre otros.

La política keynesiana marcó en occidente las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Fue durante esos años cuando un grupo de intelectuales comenzaron a preparar la vuelta al liberalismo creando una extensa red de pensamiento neo-liberal en la sociedad (medios de comunicación, universidades, partidos políticos, etc). Era la red de los think tanks, encargados de propagar las ideas neoliberales.

El neoliberalismo, desde los setenta ha iniciado un camino para acabar con la intervención del Estado. Las políticas económicas y sociales para evitar un mayor empobrecimiento de las capas más desfavorecidas de la sociedad no tienen cabida con el liberalismo.

“La idea radical de Friedman consistía en que, en lugar de gastar una parte de los miles de millones de dólares destinados a la reconstrucción y la mejora del sistema de educación pública de Nueva Orleans, el gobierno entregase cheques escolares a las familias, para que éstas pudieran dirigirse a las escuelas privadas, muchas de las cuales ya obtenían beneficios, y dichas instituciones recibieran subsidios estatales a cambio de aceptar a los niños en su alumnado. Era esencial, según indicaba Friedman en su artículo, que este cambio fundamental no fuera un mero parche sino una <<reforma permanente>>.” (Naomi Klein, La Doctrina del Shock, p26).

El neoliberalismo tiene como principal norma, dar libertad absoluta al capitalismo. Según Naome Klein, los neoliberales con Milton Friedman aprendieron a aprovechar cualquier crisis (económica, social, natural, etc.) para aplicar sus políticas. Cuando Augusto Pinochet dio el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en 1973, Friedman aconsejó rápidamente  a Pinochet para aplicar una serie de medidas económicas aprovechando el “shock” que había sufrido la sociedad: libre mercado, reducción de impuestos, privatización de servicios públicos y recortes en el gasto social. Todo ello para favorecer un libre mercado que ha de entenderse como un mecanismo para fijar precios internacionales en el que los mercados nacionales se supeditan al internacional y en el que las empresas deben existir siempre que tengan competitividad externa.

Continúa Klein en su libro:

“Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar, y pronto fue conocida como la revolución de la Escuela de Chicago.”

Se trata de aprovechar cualquier “shock” para establecer políticas que liberen al capitalismo de la intervención del Estado. De esta manera, ante una sociedad que no ha asimilado la realidad, es más fácil desposeerla de sus conquistas sociales.

Ya en los años ochenta, Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan implantaron la liberación del capitalismo en sus respectivos países. Pero ¿cómo se puede mantener un sistema que condena a la miseria a millones de trabajadores y trabajadoras? –La ideología neoliberal trata de establecer el esquema de las “dos naciones”: la primera de ellas es una nación de ganadores, honrados, trabajadores con una renta aceptable, mientras que la segunda es una nación de perdedores, vagos, adocenados que se merecen la pobreza y que a ojos de los ganadores son unos parásitos que viven de los salarios sociales. Por ello Margaret Thatcher mantenía que siempre que esta nación perdedora no superase un tercio de la sociedad, podría considerarse que tenía la mayoría de la sociedad en sus manos y no habría un gran estallido social. Esto no quiere decir, que los otros dos tercios viviesen en un paraíso sino que simplemente no vivían en la miseria. Estos, en vez de ver quiénes  eran sus enemigos de clase, empezaron a ver a los más desfavorecidos como parásitos y vagos que vivían de salarios sociales.

De hecho, el término working poor hace referencia a una gran parte de las personas que a pesar de trabajar, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. No obstante, también se pueden considerar como perdedores según el discurso de “las dos naciones”. Aun así, según el discurso neoliberal “tienen suerte de tener un empleo”.

Hemos visto aquí como cambia el discurso y el lenguaje. Si antes, las políticas posteriores a la Guerra Mundial como freno al socialismo tuvieron un efecto positivo en las capas más vulnerables de la sociedad, el neoliberalismo se encargó de marginarlos. Si antes se intentaba, al menos, integrar, el neoliberalismo trata de marginarlos mediante un mensaje de división de la clase obrera entre trabajadores (ganadores) y vagos (perdedores).

El salario social, las prestaciones y los subsidios pasaron a ser vistos en los años ochenta en el Reino Unido y Estados Unidos como la sangre que extraen los parásitos. Todo lo contrario a un derecho social, pues aquí podemos comprobar como choca con los intereses del capital por la fuerza sindical a la hora de negociar con la patronal, por la protección y seguridad que obtienen los obreros y sobretodo porque además, los neoliberales han conseguido darle la vuelta a la situación dividiendo a la clase obrera haciendo que gran parte de los trabajadores vean como parásitos a todos aquellos que cobran prestaciones y subsidios. Una jugada maestra, sin duda.

 b.      España.

Los orígenes de la prestación por desempleo en España tienen lugar en los primeros años de la Segunda República. El ministro de Trabajo Largo Caballero creó la Caja Nacional, destinada a paliar el paro forzoso, financiada a medias entre los empresarios y los trabajadores. La cobertura suponía un tercio del salario entre tres y seis meses.

En 1961 se aprobó la Ley 62/1961 de Seguro contra el desempleo. Daba una cobertura del 75% del salario como desempleo durante seis meses. Poco después se aprobó la Ley General de Seguridad Social.

La prestación por desempleo se modificó con la Ley 51/1980 Básica de Empleo. Constaba de un máximo de prestación de 18 meses, correspondientes a tres meses de derecho por cada año trabajado. El sistema de cobro descendía del 80 % sobre la media de bases de cotización de los últimos cuatro meses trabajados hasta un 60% a partir de los 12 meses. Fue en ese momento cuando se introdujo la prestación social del subsidio por desempleo que suponía un 75% del Salario Mínimo Interprofesional y la protección sanitaria. El Fondo Especial de Prestación al Desempleo financiaba el subsidio. Éste fondo tenía un 40% de aportación estatal y un 60 de las cotizaciones generadas por los trabajadores en las empresas.

La Ley 31/1984 amplió la cobertura del desempleo a 24 meses y se podría cobrar tres meses con seis meses trabajados.

En 1992, la Ley 22/1992 endureció los requisitos para acceder a la prestación por desempleo, exigiendo un año de mínimo de cotización para recibir 4 meses, redujo el importe al 70% de la base reguladora durante los seis meses iniciales y al 60% a partir del séptimo. Como continuación de esta Ley, en 1993 se aprueba la Ley 22/1993 que introdujo la tributación de la prestación por desempleo y el subsidio en el IRPF. Se estableció la obligación de que el pago de las prestaciones cotizara a la Seguridad Social, así como también la introducción de la caducidad de la prestación derivada de contratos posteriores a la ayuda.

Con la Ley 43/2006 se creó el subsidio de 400 euros para parados sin prestaciones.

 

 3.      VISIÓN TEÓRICA DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.

a.      Justificaciones.

La prestación por desempleo tiene como objetivo mantener un cierto nivel de renta de aquel trabajador que ha perdido su empleo. De esta manera se mantiene en condiciones óptimas para la reincorporación al trabajo y también evita el peligro de la marginación social. Además, si caen drásticamente sus ingresos, éste deja de consumir y repercute negativamente en la economía general. Un ejemplo lo tenemos en el contexto actual, en el que el 37% de los parados (datos de febrero del 2013). Esto supone que más de dos millones de trabajadores no tienen ingresos y por tanto su consumo desciende drásticamente.

No obstante, el principal problema reside en que el tiempo de estancia sin empleo va aumentando. En mayo del 2013 el 56,3% de los parados llevaban más de un año en el paro frente al 21,2% del 2008. Esta tendencia hace que la reincorporación al mercado laboral sea más dificultosa para los trabajadores que más tiempo llevan parados y por tanto, se está convirtiendo en una gran masa de trabajadores que van destinados a la más absoluta miseria.

En cuanto al plano teórico, desde un punto de vista postkeynesiano se entiende que las prestaciones son el vértice del conjunto de estabilizadores automáticos para paliar los efectos de las recesiones económicas. Esto es, las prestaciones por desempleo y los subsidios compensan los desajustes económicos y sus efectos: despidos masivos, precariedad, alta tasa de paro, etc. Además, las prestaciones ayudan a recuperar la demanda interna, pues las familias que tienen una pérdida de ingresos dejan de consumir, lo cual conlleva pérdidas de puestos de trabajo que aumentan las consecuencias y la duración de la crisis estructural del sistema.

Dentro de la lucha de clases, las organizaciones sindicales obreras, tienen más fuerza si los trabajadores y trabajadoras tienen una seguridad básica y de esta manera, un respaldo económico que les capacita para poder rechazar empleos de pésimas condiciones o para tener menos miedo a perder el trabajo por organizarse dentro de la empresa. De esta manera, en las negociaciones la patronal pierde la fuerza.

Las prestaciones dan más seguridad a los trabajadores individualmente y mayor fuerza colectivamente (organizados en sindicatos). Así se puede proteger sus derechos adquiridos, y luchar por mejorarlos según sus intereses de clase, lo que puede llevar incluso a un aumento de salarios. Los trabajadores se sienten menos intimidados gracias al respaldo de una renta mínima que presiona al alza el salario mínimo.

Desde la perspectiva del mercado de trabajo se entiende que las prestaciones ayudan a “mejorar los procesos de ajuste en el mercado ya al facilitar que los requerimientos de cualificación de la oferta de trabajo encuentren a los empleados en las mejores condiciones” (Ruesga:234). Según este enfoque la búsqueda de empleo tendrá mayor éxito cuanto más larga sea ya que los trabajadores se encuentran en condiciones de poder rechazar trabajos de peor calidad o que no se adapten a sus necesidades. Así se evita la sobre-cualificación que existe hoy en día puesto que un trabajador cualificado puede rechazar aquel empleo que no se ajusta a sus conocimientos y de esta manera no se desperdician conocimientos y cualificaciones en el mercado.

También desde la perspectiva del mercado de trabajo se puede considerar que se facilita el reciclaje de la cualificación de los trabajadores, más teniendo en cuenta que vivimos en una época de grandes y rápidos cambios tecnológicos. Mediante las prestaciones la mano de obra se va adaptando a los cambios y favoreciendo la cualificación de la mano de obra y la economía en general. Por poner un ejemplo, un trabajador sin trabajo que cobra prestación está en buenas condiciones para aprovechar el tiempo que está parado para mejorar su formación y aumentar su cualificación. Así hay una doble mejora: mejores expectativas a nivel individual y una mayor aportación de la calidad de su mano de obra a la economía.

También supone un incentivo para alargar el tiempo en una empresa para acumular los días necesarios para obtener una prestación o para llegar a tener una mejor en los casos en que la cifra depende de las horas trabajadas.

“Las prestaciones por desempleo también podrían tener un efecto positivo sobre la productividad de una economía en el sentido de que segrega el mercado de trabajo hacia los empleados con mejor predisposición.” (Ruesga:234).

Las prestaciones afectan más a los trabajadores peor cualificados, lo cual incrementa la productividad ya que asegura que los más preparados están en el mercado de trabajo. Esto incentiva a aquellos trabajadores menos formados a mejorar sus conocimientos para encontrar un trabajo que además irá aumentando en calidad a medida que avance formativamente.

 b.      Críticas.

La principal crítica a las prestaciones por desempleo y los subsidios indica que los beneficios de las protecciones funcionan en épocas de alto crecimiento económico con una tasa de paro baja. En cambio, no funcionan cuando hay crisis económica y altos índices de paro.

Uno de los problemas es la financiación de los sistemas de financiación por desempleo en de épocas de crisis económica. Si aumenta el número de trabajadores que perciben la prestación, es necesario a su vez que aumente el número de asalariados que financien el sistema de prestaciones. Entonces es necesario que se creen más puestos de trabajo y por tanto, invertir en políticas activas de empleo. Con el aumento del trabajo temporal y de duración determinada, ha aumentado el número de períodos de desempleo de los trabajadores y los gastos en política pasiva de empleo. Por ello, es necesario, que las políticas de protección por desempleo no se vean como la única solución al problema, sino parte de ella. Deben ir acompañadas de políticas activas para la creación de puestos de trabajo. Es necesario en el contexto actual español, un cambio de modelo productivo a la vez que se mejoren las prestaciones de desempleo y los subsidios.

Desde un punto de vista neoliberal, se argumenta que las prestaciones por desempleo suponen un obstáculo al libre funcionamiento de los mercados de trabajo. Según este enfoque, los desempleados tienen a permanecer más tiempo fuera del mercado de trabajo utilizando la prestación y por tanto el mercado no encuentra la mano de obra necesaria pues no tiene libertad de elegir entre miles de parados con la necesidad de coger el primer trabajo que le ofrezcan por muy malas condiciones que tenga.

Se trata de una contraposición entre modelos. Por un lado, la protección favorece la seguridad de los trabajadores y un debilitamiento del capital, y por otro una inseguridad y desprotección de los trabajadores que quedan al servicio del mercado de manera que éste funciona con total libertad. El primer modelo tiene tendencia a la mejora de las condiciones de la clase trabajadora mientras que el segundo a su empeoramiento a favor de la clase capitalista.

Johnson y Layard indican que los mercados menos protectores como estadounidense o el japonés tienen menores tasas de paro y consideran que las prestaciones son el único factor exógeno que influye en el paro en aquellos países más protectores como los de la Unión Europea.

No se puede negar que las prestaciones alargan la permanencia en el desempleo pero la pregunta han de ser la siguiente: ¿A quién beneficia? – Por supuesto que es una cuestión de clase y cada parte implicada responderá según sus intereses. Por un lado beneficia a los trabajadores que cobran en seguridad y protección. Por otro, la clase capitalista que necesita un “ejército industrial de reserva” (Marx) en las condiciones mínimas para poder trabajar.

Se argumenta en contra de las prestaciones que a mayor pago por prestación, mayor tasa de desempleo. Según Layard, Nickel y Jackman (1991) el subsidio de desempleo supone entre un 20 y 90 % del salario bruto dependiendo del contexto (país, mercado y duración del desempleo).

La garantía de un ingreso mínimo constante supone menos incentivos para aceptar empleos por debajo de la prestación, unos empleos que la economía necesita. La aceptación o el rechazo de un trabajo también puede depender del uso que el trabajador considere. Por ejemplo, si un trabajador cobra 400 euros y puede vivir y tener un determinado ocio, puede que rechace un trabajo por 600 euros por 12 horas al día que le impide tener apenas unas horas de ocio. Aquí lo que existe en realidad es una contradicción capital-trabajo ya que en la empresa, la plusvalía se genera una vez trabajadas las horas necesarias para cubrir las necesidades básicas para que el trabajador vuelva al día siguiente a su trabajo. Por ello, reducir su jornada implica reducir la plusvalía que genera en las siguientes horas. A más horas, más beneficios para el empresario y por tanto, el ocio y la conciliación de la vida laboral y familiar es cada vez más difícil. Esto es lo que genera que en ocasiones compense más a un trabajador seguir con la prestación un tiempo que aceptar un trabajo mal pagado, de muchas horas y que le impida desarrollar su vida en sociedad e incluso seguir formándose.

Según Katz y Meyer (1990), a medida que se va agotando la prestación, aumenta la incorporación al mercado laboral. Algunos como Carling, Holmlund y Vejsiu (1999) indican que mayor nivel de prestación (sustitución de rentas obtenidas en el trabajo), menores son los incentivos para que los desempleados encuentren trabajo.

Desde la perspectiva neoclásica, las prestaciones conducen a aumentar salarios por la capacidad de las organizaciones obreras a la hora de negociar. Al aumentar salarios, las empresas no pueden soportar, según esta teoría, y acaban despidiendo a más trabajadores y por tanto, aumentando la tasa de paro. De esta concepción neoclásica, Lazear (1976) mantiene que los desempleados no mejoran sus conocimientos útiles y el stock de conocimientos existentes en un mercado de trabajo se deprecia  más rápidamente en períodos prolongados que genera la protección de desempleo y esto conlleva a una pérdida de formación en el mismo puesto de trabajo.

Otra crítica a las protecciones por desempleo es la gran carga para el Estado y la correspondiente extracción de recursos del sector privado, un sector que según los críticos supera en eficiencia al sector público, más ineficiente pues atrae más desempleados al sistema. Aquí hay otro componente olvidado por los críticos pues consideran que la carga para el Estado es a expensas de sacar recursos del sector privado, ignorando (o haciendo ignorar) que toda riqueza es producto del trabajo de la mano de obra, a quienes más recursos se les extrae.

Según Atkins y Mickelweight (1991), en los países con más protección hay tasas de desempleo más altas. El desempleo afecta más a los desempleados menos cualificados y de menor productividad. Eso no se cumplió en Europa occidental durante los años setenta y ochenta cuando aumento el desempleo a pesar de no mejorar las prestaciones. También perduraron bajas tasas de desempleo en épocas anteriores en las que las protecciones eran bastante altas.

 c.       Respuesta a las críticas

Las prestaciones no son un subsidio al ocio ya que el trabajo no es sólo una fuente de ingresos. Va unido a la vida social del hombre.

Otros autores señalan los abundantes casos en los que la prestación cumple una función de cubrir el paro estacional en la misma empresa. Esto sería un contrato implícito: se suple la falta de trabajo en la misma empresa durante un periodo de tiempo determinado con las prestaciones, quedando claro entre empresario y trabajador que seguirá en la empresa cuando vuelva a haber trabajo. En este caso no sería una subvención al ocio como indican los críticos sino una subvención virtual a los empresarios, sobretodo en sectores de alta temporalidad y de poca tecnología, lo cual indica que esta distribución de los recursos frena el avance tecnológico. Según Feldstein (1978) los contratos implícitos podrían suponer hasta el 50% de los despidos temporales en Estados Unidos.

Sobre la diferencia usual entre las tasas de desempleo estadounidenses y europeas y la relación con la protección al desempleo, los defensores de las prestaciones  niegan que las prestaciones influyan sobre el número de ocupados. Entienden que sí ejerce una influencia sobre el stock de inactivos.

También se asegura que la existencia de controles para la percepción del subsidio cuando no se acepta un trabajo.

 

4.      CARACTERÍSTICAS.

La diferencia entre el salario social o renta mínima con las prestaciones por desempleo o subsidio reside en que en que para obtener el salario social no se necesita una relación con un trabajo anterior. Por ello, es un organismo dependiente del ministerio que gestiona el mercado de trabajo quién se encarga de las prestaciones por desempleo, mientras que el salario social depende del ministerio que tiene en sus competencias la lucha contra la exclusión social. Ambas tienen como finalidad proteger a las capas más bajas de la sociedad.

La protección por desempleo está dividida en contributivos y asistenciales. Los primeros  están muy relacionados con el trabajo anterior mientras que los segundos, que no pueden tener esa relación de los primeros, tienen una protección similar a la protección social.

Según Bailey (1978) y Fleming (1978), “los ámbitos contributivos de las prestaciones por desempleo responden a la lógica de un seguro”. Es decir, el trabajador paga durante su vida laboral una parte de su salario que va percibiendo cuando se encuentra sin trabajo. Por ello, tiene equivalencia su prestación con su trabajo anterior (duración, salario, cotización, etc). Será más larga y alta una prestación cuanto más tiempo trabajado y mayor sea la cotización.

Aun así, las prestaciones por desempleo se diferencian de un seguro en que no existe correlación entre el riesgo de desempleo y el pago periódico. Además existen topes de prestación (tiempo y cantidad) que evitan que se pueda considerar un tope como tal.

Tampoco existe una provisión individual de lo invertido por cada trabajador. Es decir, no se guarda el dinero invertido de cada trabajador sino que el dinero que se invierte (contribución) de un trabajador activo va destinado a las prestaciones.

En cuanto al ámbito asistencial se trata del segundo tramo de protección, más parecido a un subsidio gracias a una transferencia de los trabajadores en activo a los desempleados que a un seguro.

Normalmente, se exige haber trabajado anteriormente, aunque no se cumpla los requisitos para la prestación contributiva, lo cual diferencia el subsidio de la renta básica garantizada. Los subsidios están más relacionados con las características personales que con el trabajo anterior.

Para acceder a las prestaciones existen dos requisitos en todos los países que los diferencian de otros programas sociales.

A continuación cito y comento tres párrafos del manual de Santos M. Ruesga, Ed. Pirámide:

1.      “El más obvio es que los perceptores no deben tener un empleo. No han sido pocos los autores que han señalado que esta obligación incita a la participación en la economía sumergida, puesto que un perceptor del subsidio por desempleo puede racionalmente escoger trabajar en la economía sumergida como vía para complementar los ingresos.”

Aquí considero oportuno señalar que ni la economía sumergida surge por esto ni se debe olvidar que existe porque se permite que exista. Un trabajador que cobra un subsidio y a su vez trabaja en la economía sumergida, está trabajando sin unas condiciones adecuadas aunque compagine sus beneficios con el subsidio.

2.      “Aparte de no tener un empleo, la mayor parte de los países exigen que esta situación de desempleo tenga un origen involuntario, es decir, que el trabajador haya sido despedido o se le haya acabado el contrato. El abandono voluntario del puesto de trabajo, por el contrario, no cualifica para la percepción de las prestaciones por desempleo, dado que rompería con la idea de justicia social que implica el programa en el sentido de que es una ayuda a quienes no tienen posibilidad de encontrar otras rentas.”

En este punto, creo conveniente que se deberían revisar las condiciones de renuncia voluntaria a un contrato. Casos de mobbing, de precariedad laboral o de impagos de la empresa deberían tener acceso a la protección.

3.      “En todos los países para recibir las prestaciones por desempleo es necesario que se tenga la voluntad expresa de trabajar en caso de que exista la oportunidad para incorporarse a un empleo. Este aspecto lleva implícitas algunas de las ideas que le son propias a las prestaciones por desempleo: que la situación de desempleo es un asunto temporal que se revertirá en el futuro y que la ayuda se presta para mejorar las oportunidades de reengancharse al ámbito del empleo. Para evitar el fraude en ambos requerimientos, los organismos gestores de las prestaciones suelen unir una serie de mecanismos de control. El principal de estos mecanismos suele ser la obligatoriedad de aceptar las ofertas de empleo que se les hagan llegar por la vía de los servicios públicos o privados de empleo. “

Este requerimiento choca con la idea de que las prestaciones sirven de mecanismo de defensa de los trabajadores para poder rechazar empleos de mala calidad. Aunque se asegure que sirve para evitar que se subvencione el ocio, hay que analizarlo como un arma para evitar que la clase trabajadora se defienda y esté obligada a aceptar trabajos que no se adaptan a sus intereses y que finalmente conllevan a una bajada de salarios.

Como indica el título de este trabajo, el subsidio por desempleo sirve de instrumento económico que a su vez permite evitar trabajos precarios o capacitar a las organizaciones sindicales para negociar al alza o como mínimo no perder en la mesa de negociación. Si un sindicato se sienta a negociar con la patronal un convenio y los subsidios son altos, la organización obrera tiene detrás a unos trabajadores protegidos y seguros de no caer en la exclusión gracias a las prestaciones. Unos trabajadores con menos miedo a perder un trabajo y con unas condiciones mínimas que dan fuerza al sindicato que puede romper el típico argumento de la patronal “o salarios bajos o paro”.

Por ello, el subsidio de desempleo es un derecho y debe ser utilizado como un instrumento económico.

 

5.      LA INTENSIDAD DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEO.

Se utilizan dos medidas para calcular la magnitud y la eficacia de la política de protección al desempleo. La primera de ellas es la vertical que mide la cobertura de la protección, mientras que la segunda es la horizontal, que mide la intensidad (en qué medida están protegidos los desempleados).

 

Pasamos ahora a analizar cómo se mide la cobertura de la protección. Para ello es necesario dividir el número de desempleados que reciben protección por el número total de desempleados (tengan prestación o no). Si hay un menor número de parados fuera del sistema de protección, existe una mayor tasa de cobertura. España se encuentra entre los países con menos capacidad para abarcar al máximo número. “La intensidad de los programas de protección a los desempleados se gradúa conforme a la tasa de sustitución. Ésta se obtiene de la división entre las rentas que se perciben del sistema de protección al desempleo entre el salario previo a que sucede la eventualidad del desempleo.” (Ruesga: 246). Si la tasa es del 50 % quiere decir que el trabajador percibe la mitad de lo que ganaba trabajando mientras que un 100% significa que recibe el mismo importe.

Mediante la tasa de sustitución podemos establecer si descienden mucho o poco sus ingresos al perder su trabajo. También hay que tener en cuenta que a medida que pasan los meses la prestación se va reduciendo por lo que la tasa de sustitución irá disminuyendo. Así se mantiene la idea de recibir una cantidad acorde a lo pagado (similar al seguro) desincentivando la permanencia y utilizando una variable de justicia social, pues los trabajadores con más salario tienen una tasa de sustitución más baja que los trabajadores con menor salario.

 

6.       DESIGUALDADES DE RENTA Y POLÍTICAS DE REDISTRIBUCIÓN.

Como he mencionado anteriormente, las protecciones a los trabajadores que han perdido su empleo tienen como objetivo evitar que estos tengan un descenso brusco de ingresos que pueda llevarle a la pobreza. Pero para ello deberemos entender qué entendemos por pobreza en términos económicos. La pobreza se mide como un nivel respecto a la renta media de cada país. En la Unión Europea se utiliza el 60 % de la media de distribución de ingresos por hogar. La tasa de pobreza es el porcentaje de población por debajo de ese umbral.

En España disminuyó la desigualdad en la distribución de la renta durante los años ochenta. En cambio del año 2005 al 2009 aumentó la diferencia relativa entre los más ricos y los más pobres aunque la tasa de pobreza disminuyó.

El grado de desigualdad en España es superior al de los países nórdicos e inferior a los anglosajones.

Según Juan Ignacio Palacio en “En general, se constata que las desigualdades tienen causas profundas cuyos efectos se palian por las políticas redistributivas, pero no se corrigen”. También afirma que el Estado con su acción redistributiva con el gasto social y la política fiscal pueden mitigar las diferencias pero no eliminarlas. Señala finalmente que con el incremento del paro, se han disparado las prestaciones sociales y se ha reducido el peso de las contribuciones a la hacienda pública y a la seguridad social. Por ello, considera que esta mayor redistribución de la renta está conteniendo la tasa de pobreza pero no evitar la diferencia entre los extremos de la renta.

 

7.      LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO EN ESPAÑA.

La primera legislación que pretendía cubrir el desempleo en España, tuvo lugar durante la Segunda República, aunque la Guerra Civil evitó su puesta en práctica. En 1961 con la Ley Básica de Empleo se creó el sistema público de protección al desempleo. En los años ochenta tuvo sus años de expansión mientras que en los noventa se redujo por las presiones financieras, endureciendo los requisitos para el acceso a las prestaciones y reduciendo el grado de protección.

El sistema está formado por una vertiente asistencial (seguro de desempleo) y otra contributiva de las prestaciones por desempleo (subsidio por desempleo). El Instituto Nacional de Empleo es el organismo encargado de gestionar todo el sistema de protección al desempleo y por tanto, las contribuciones de los asalariados y de los empresarios.

La duración de las prestaciones es de dos años para lo cual es necesario haber cotizado tres o más años mientras que el periodo mínimo de estancia es de cuatro meses por doce o más meses. La prestación es de un 70 % de la base reguladora del trabajo anterior. A partir del séptimo mes se cobra un 60%. Existe un tope de máximos y mínimos según las características de cada perceptor.

El sistema asistencial de protección por desempleo se divide en el ámbito general y el específico. Para acceder al sistema general es necesario haber acabado la protección contributiva o cuando el trabajador no ha llegado a los meses necesarios para la prestación contributiva. El segundo está destinado solamente a los trabajadores eventuales agrícolas de Extremadura y Andalucía con el objetivo de paliar la extrema precariedad de los jornaleros temporeros.

El sistema tiene controles para garantizar el interés de reincorporarse a un nuevo trabajo. Por ejemplo, existe un mecanismo que puede quitar la prestación por no aceptar un empleo del propio sistema.

Existen trabas que impiden conocer el cálculo de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo: en el INE están las misiones de gestionar las prestaciones, servir de intermediario entre oferta y demanda y medir el número de desempleados. Para poder calcularlo mejor se han creado tres tipos de estimaciones:

  1. Tasa de cobertura bruta de las prestaciones por desempleo. El total de trabajadores que perciben prestaciones incluyendo a los perceptores del subsidio por desempleo para trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, divididos por los parados registrados.
  2. Tasa de cobertura neta de las prestaciones por desempleo. Igual que la anterior pero sin contar a los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.
  3. Tasa de cobertura EPA de las prestaciones por desempleo. Total de trabajadores que reciben prestaciones dividido por el total de desempleados que han trabajado anteriormente.

La primera de ellas, la tasa de cobertura bruta ha sido siempre inferior a la tasa neta aunque siempre manteniendo una tendencia similar. A partir de 1988 comenzaron a crecer hasta alcanzar su máxima cota en 1993, que no se estabilizó hasta 1995, producto del endurecimiento de las condiciones para recibir prestación y la reducción de cantidades y tiempo de permanencia.

Finalmente, cabe decir que con los datos de la EPA se puede asegurar que una parte de los perceptores están clasificados como inactivos mientras que incluso hasta un 30 por cien de los perceptores han incumplido la condición de no estar trabajando. Ambos datos señalan que existen fraudes que habrá que resolver.

Gasto público en protección social. España y otros países europeos.

En el 1998 el gasto en prestaciones sociales públicas en España significaron un 12’5%, por debajo de la media de la Unión Europea de los 27 que alcanzaba un 16’1% o de Alemania con un 18,6% aunque por encima de Reino Unido con un 13’4% o Islandia con un 5’8 %. Esta cifra fue disminuyendo durante los años anteriores a la crisis económica prácticamente en todos los países de la UE. Desde el 2008 al 2009, con tan sólo un año, el gasto en prestaciones aumentó en casi dos puntos sobre el PIB en España (del 12’4 % al 14’6), UE-27 (15’4 % al 17’1), Alemania (16’9 % al 18’4) o Reino Unido (del 13’1 % al 15’1). Esto es debido al aumento del paro principalmente, que ha conseguido un cambio de tendencia que venía desde los años noventa hasta el inicio de la crisis.

En cuanto al porcentaje del gasto total en protección social sobre el PIB entre los años 1995 y 2006, España ha pasado de un 14’7% a un 12,8, casi dos puntos menos. Por su parte la Unión Europea de los 15 ha descendido su porcentaje en un 1’4 % desde un 19`9 a un 18’5. Alemania en cambio ha pasado de un 20’8 a un 21’2 lo que representa un aumento de 4 décimas. Esto se traduce en que España llegó al 2007 con una diferencia de porcentaje del PIB destinado a gasto social en protección social respecto a la Unión Europea de un 5’7% inferior.

 

8.      LA DEFENSA DEL SALARIO MÍNIMO Y DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO.

Exigencias “externas”

Actualmente, la troika (BCE, FMI y la Comisión Europea) exigen a los gobiernos ajustes para controlar la deuda. Suelen dar a elegir a los gobiernos entre ayuda económica con intereses altos, o más bajos siempre que hagan cambios estructurales tales como la reducción del salario mínimo en un euro por hora trabajada.

Aunque esto ocurre con los países con mayor deuda, también afecta a otros como Alemania que no tiene salario mínimo. Por lo tanto se trata de abaratar la mano de obra y un empobrecimiento de la clase trabajadora.

El porcentaje de salarios con valor añadido ha bajado del 75 por cien al 56 %, mientras que la proporción para el capital ha aumentado.

Los salarios han caído por detrás del crecimiento global de la riqueza mientras que la garantía de crédito disponible a gran escala “para financiar los efectos negativos del estancamiento salarial sobre la fluctuación de la demanda de consumo.”(Stephen Bouquin).

El FMI y la Comisión europea amenazan los pilares de la “ciudadanía social” que son la seguridad social, la regulación del horario de trabajo, el derecho a las bajas retribuidas y las prestaciones por desempleo. Son los derechos y estándares sociales lo que asegura que los ciudadanos no caigan en la pobreza. Sin este “suelo social” millones de trabajadores irían directos a la miseria. Además, cuanta más gente hay en el mercado de trabajo, más competición por trabajar y más facilidad para rebajar los salarios.

Lo cierto es que en nuestro país se justifican muchas políticas regresivas para la clase trabajadora por exigencias “externas” (Comisión Europea, FMI, etc), como si no hubiese otro remedio y como si no estuviesen de acuerdo en aplicar dichas políticas acordes a su ideología.

Pero hoy en día con la crisis económica, pocos se atreven a pedir la eliminación de los subsidios y prestaciones ya que de hacerlo, saben que podría desencadenar un gran estallido social. Aun así, se van reduciendo las ayudas y endureciendo el acceso a estas. Aunque todas las ayudas son contraproducentes para el sistema capitalista, en este momento están sirviéndole de freno ante un gran conflicto social. Por ello, aunque la política económica del gobierno actual tenga una ideología neoliberal, no puede posicionarse tan claramente como los gobiernos de Thatcher y Reagan. El lenguaje es muy importante en la sociedad actual. De hacerlo tan explícitamente como los neoliberales de los años ochenta, podrían llegar a perder el poder económico pues no sólo llamarían perdedores a los casi seis millones de parados, sino también a todas sus familias. La cifra es demasiado alta para ello. No obstante, como bien dice el Informe de febrero del 2012 de la Fundación 1º de Mayo, en la Ley 35/2012 del 17 de septiembre se “responsabiliza a las normas protectoras del trabajo de la mayor intensidad del desempleo en España, reproduciendo así las tesis de diferentes organismos e instituciones internacionales –como la Comisión Europea- que reiteradamente promueven una reducción en las garantías de trabajo para favorecer unas transiciones laborales sostenidas por políticas activas y pasivas de empleo.” Unas políticas basadas en “medidas que inciden en materias como la contratación temporal, la flexibilización de las causas del despido o la flexibilidad interna”.

Necesidad de un salario mínimo y un subsidio por desempleo como instrumento económico.

Es necesario defender un salario mínimo que además de cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos, ayude a invertir la tendencia de los salarios para al menos frenar su caída. Para ello es necesario redefinir los salarios si no queremos que desde un enfoque liberal, sean la oferta y la demanda las que determinen el coste del trabajo y cada vez bajen más los salarios. Será necesario definir el salario como una escala negociada basada en la educación y la experiencia, añadiendo al salario directo un “salario social” con pensiones y derechos (ingreso substitutorio por enfermedad, invalidez o desempleo), y ligando los salarios a la evolución del PIB y los precios.

Con este salario mínimo como base se puede hacer frente a la concepción liberal del mercado. La Fundación Robert Schuman defiende un salario mínimo europeo del 60% del ingreso mediano que coincide con la línea de la pobreza, aunque debería estar por encima. Este salario social tendrá su mayor efecto en los países del Este, ya que conllevarían a una armonización entre países y a la pérdida de un argumento para seguir bajando salarios.

A partir de un salario mínimo y un aumento de la protección del subsidio por desempleo, llegando finalmente a un aumento de salarios. Para ello también es necesario reforzar las dificultades para despedir, esto es, aumentar la rigidez del despido. De esta forma, con las garantías de un subsidio por desempleo y una mayor dificultad para ser despedidos, el poder de negociación sindical podría garantizar como mínimo la defensa de los derechos sociales y laborales que quedan. Incluso cambiar la tendencia y llegar a recuperar aquellos perdidos durante los últimos años.

Aunque se considera que en España el despido es de los más rígidos de la Unión Europea, es gracias a un análisis numérico sin una comparación más elaborada. Esta afirmación de que en España es mucho más difícil para las empresas despedir trabajadores, sirve de justificación para eliminar el obstáculo de la rigidez, argumentando que las empresas necesitan mecanismos de extinción, rebaja de costes y supresión de la intervención de la Administración en los despidos colectivos. Esto es, dejar vía libre a las empresas para despedir dejando a los trabajadores desprotegidos, ya que según esta visión, gracias a estas medidas las empresas pierden el miedo a contratar pues tienen facilidades para despedir cuando la empresa lo necesite. Se trata de ampliar las causas de despido y de abaratarlo.

 

Como bien dice el Informe de marzo de la Fundación 1º de mayo del 2012:

Esto nos lleva a que el sistema del Derecho del Trabajo, el sistema de garantías sobre el empleo, sea el culpable de los procesos de destrucción de empleo y de la crisis del mercado de trabajo. Es decir, hay una culpabilización del sistema de garantías que se mide en función de los procesos de creación o destrucción de empleo que se den en la economía y, por tanto, se crea una directa relación, no entre otras causas que crean esa alteración del empleo, sino fundamentalmente entre garantías y rigidez del mercado y políticas efectivas de empleo”.

Con esta vuelta al lenguaje poco a poco se va desplazando la culpa de la situación desde los verdaderos culpables hasta las víctimas. Estos mensajes se dirigen hacia la culpabilidad de los trabajadores y de todos los mecanismos que le sirven de protección de sus intereses. Tienen un trasfondo ideológico similar al discurso neoliberal de las dos naciones. Podríamos decir que es un paso previo.

El Informe responde a este argumento de la siguiente manera:

“Sin embargo, tales planteamientos son completamente inconsistentes. Una teoría ampliamente consensuada del mercado de trabajo destaca que la estabilidad en el empleo fomenta la confianza y la motivación de los trabajadores y, de esta manera, se promueve en paralelo la productividad de la empresa. Igualmente distintos análisis internacionales comparados demuestran que no existe ninguna relación clara entre el nivel de protección contra el despido y la situación del mercado de trabajo”.

 

9.   CONCLUSIONES. EN DEFENSA DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO COMO DERECHO Y COMO INSTRUMENTO ECONÓMICO DE LA CLASE OBRERA.

“Normalmente la pobreza se estudia como un fenómeno exógeno, independiente del funcionamiento normal del capitalismo. Se suele presentar como el resultado de un fallo de gestión, algo que está ahí y sobre lo que nos podemos preguntar cómo es y cómo hacerlo desaparecer, pero no por qué existe, y sobre todo, por qué se constituye en un rasgo típico del capitalismo. Son análisis meramente descriptivos, que a veces incluyen preceptos normativos para reducir la pobreza, pero que no transcienden, en el mejor de los casos, el ámbito de la distribución”. (Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los “working poor” en la UniónEuropea).

Para iniciar esta breve conclusión sobre la necesidad de un subsidio por desempleo como instrumento de clase creo conveniente lanzar una pregunta: ¿cómo se puede considerar la pobreza algo ajeno al sistema capitalista, un sistema basado en el robo del trabajo ajeno y la acumulación de la riqueza generada?

-Continuamente observamos en los medios de comunicación (suyos) como utilizan el lenguaje de manera que la culpa de la situación actual que padecen los trabajadores y las trabajadoras va acercándose sigilosamente hacía las mismas víctimas del sistema. Es como si nos informaran de un asesinato en el que la culpa va pasando de la bala hasta la víctima porque no debería estar en ese momento ni ese lugar. No hablan del culpable. Como bien dice el texto anterior “nos podemos preguntar cómo es y cómo hacerlo desaparecer, pero no por qué existe”.

Esto responde al interés para que la clase obrera ignore el sistema capitalista y la lucha de clases, aunque exista. Como afirmó el multimillonario estadounidense Warren Buffett: “por supuesto que hay lucha de clases y los ricos estamos ganando”.

Para entender la ofensiva contra el trabajo que estamos padeciendo tenemos que analizarla desde una perspectiva de clase dentro de la contradicción capital-trabajo y su correspondiente lucha de clases.

El historiador Eric Hobsbawm denominó “el siglo corto” al siglo XX en referencia a que dicho siglo se resume a un período de 77 años (desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Unión Soviética). Si vamos a lo esencial de este siglo, tenemos dos guerras mundiales, el surgimiento de una potencia mundial con economía socialista y toda su influencia en el mundo, y una Guerra fría en la que durante décadas el capitalismo se vio obligado a hacer concesiones (keynesianismo y socialdemocracia) y finalmente una ofensiva neoliberal desde los años setenta hasta el fin de la URSS.

Si tenemos en cuenta, que a pesar de sus errores, la URSS supuso un contrapeso a nivel mundial durante prácticamente medio siglo, entendemos que desde su caída el capitalismo se ha encontrado libre. Pero el “fin de la historia” que expuso Francis Fukuyama en 1992 parece estar bastante lejos de hacerse realidad. La contradicción capital –trabajo se acentúa y hoy, pasados más de veinte años del desplome soviético, la clase obrera está perdiendo, desamparada y desorganizada, todos los derechos conseguidos durante décadas.

Por ello, es necesario recuperar los instrumentos y mecanismos de clase para como mínimo, evitar que la miseria se convierta en nuestra forma de vida. Mecanismos como el subsidio por desempleo son necesarios para que los sindicatos obreros cobren fuerza a la hora de negociar. Pero tampoco servirían de nada hasta que estas organizaciones estén formadas por millones de trabajadores organizados y además tengan una fuerza política propia. Un instrumento que refuerce el poder sindical para las negociaciones puede convertirse en la base para que a corto plazo se eviten los peores dramas sociales como el hambre infantil o los desahucios, sin descuidar que hay que perseguir objetivos a medio y largo plazo ya que la  ofensiva neoliberal está ahí presente, y cada vez más fuerte. Y aunque el lenguaje oculte gran parte de su ideología hay que descifrarla y reconocer que la clase obrera en su totalidad somos los perdedores en este sistema, pero los ganadores del siguiente.

10.      BIBLIOGRAFÍA.

1.       Libros.

  • Economía del trabajo y política laboral. Santos M. Ruesga. Pirámide, Madrid 2002.
  • La doctrina del Shock. Naomi Klein. Paidos Ibérica. 2007.
  • Lecciones de economía española. Delgado y Myro. Cívitas 2011 (1993). Capítulo 16 “Distribución funcional y personal de la renta” de Juan Ignacio Palacio.
  • Transform Octubre 2012. Revista europea de pensamiento crítico y diálogo político.
  • Frente al capital impaciente. Bruno Estrada y otros autores. Capítulo “¿Cuál es el papel y el carácter del sector público en España? De Daniel Albarracín. Fundación 1º de Mayo. Madrid 2011.
  • Informe de febrero del 2012 de la Fundación 1º de mayo. “52 reformas desde la aprobación del Estatuto de los trabajadores en 1980”.
  • Informe de mayo del 2012 de la Fundación 1º de mayo. El modelo de despido en la Unión Europea.
  • Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los “working por” en la Unión Europea. B. Medialdea y N. Álvarez. Viento Sur nº 82/septiembre 2005.

2.      Webs.

El Gasto en Políticas de Empleo. José Ignacio Pérez Infante

Desocupación y resistencia obrera en la URSS. Rolando Astarita.

Constitución soviética de 1936

La historia de la prestación por desempleo en España, altibajos, mejoras y recortes

Comprender los lazos históricos y políticos del Neoliberalismo con la Globalización. Sandro Cruz

Thacther y el neoliberalismo cultural. Isidro López

M. Marco Arnal, Fundación UNED 2012-13

mmarco113@alumno.uned.es

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